El Gobierno de México ha oficializado la aprobación de una nueva ley que establece la suspensión de derechos para ocupar cargos públicos en determinadas circunstancias. La ley, conocida como la “Ley 3 de 3”, contempla la suspensión de derechos en caso de ser prófugo de la justicia, tener sentencia por violencia familiar, sexual o de género, así como por incumplir con la pensión alimenticia.
Esta medida fue avalada por el Pleno de la Cámara de Senadores el pasado 28 de abril, tras haber obtenido la aprobación de la Cámara de Diputados casi un mes antes. La ley entrará en vigor a partir del 30 de mayo.
En tanto que en los 180 días siguientes, el Congreso y las legislaturas de las entidades federativas deberán ajustar sus respectivas constituciones para cumplir con las disposiciones señaladas.
El dictamen publicado por la Cámara de Senadores resalta que esta reforma tiene como objetivo principal impactar de manera positiva en la ética pública y política, en beneficio de toda la sociedad.
Con la implementación de la “Ley 3 de 3”, se busca promover la transparencia y la responsabilidad en el ejercicio de los cargos públicos, asegurando que aquellos individuos con antecedentes graves no puedan ocupar puestos de poder.
Esta medida representa un avance significativo en la lucha contra la impunidad y la protección de los derechos fundamentales en México.