Los diputados aprobaron las modificaciones a las leyes Minera, de Aguas Nacionales, del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, lo que permitirá que el gobierno otorgue concesiones solo mediante un concurso público y con consulta previa a los pueblos originarios.
También se reducirá la duración de los permisos mineros de 50 a 30 años, con solo una prórroga de 25 años, y se prohibirá la explotación de minerales o sustancias en áreas protegidas. Los partidos aliados del Gobierno aprobaron la reforma con 290 votos a favor, 186 en contra y una abstención.
La iniciativa original del presidente López Obrador proponía una duración de licencia de solo 15 años con una prórroga. La diputada Raquel Bonilla defendió las modificaciones argumentando que buscan que la nación recupere la rectoría de los recursos minerales e hídricos que se encuentran en el subsuelo para evitar su sobreexplotación. Sin embargo, la oposición acusó a la alianza del Gobierno de votar la reforma en “fast track”.
La reforma puede generar tensiones con los socios del T-MEC, especialmente con Canadá, y hay preocupaciones por los riesgos que puede tener para un sector que tiene 417 mil empleos, aporta el 2.5% de la economía nacional y genera ingresos anuales por 269 000 millones de pesos (14 944 millones de dólares).
El legislador Joaquín Zebadúa denunció que las mineras evaden impuestos por 19.000 millones de pesos (más de 1.055 millones de dólares) y que en los gobiernos anteriores hubo más de 1600 concesiones en áreas naturales protegidas. Por otro lado, el diputado Reginaldo Sandoval afirmó que el 62% de las minas metálicas en México no cuenta con concesiones de agua, 55% no tiene datos sobre emisiones de contaminantes y el 51% opera en acuíferos sin disponibilidad de agua.
