Un estudio realizado por la firma Sánchez Devanny revela que aproximadamente la mitad de los centros de trabajo en el país están en riesgo de no cumplir con las nuevas disposiciones legales en materia laboral. Tanto la omisión como la falta de seguimiento son factores que ponen en peligro el cumplimiento normativo, según el informe.
El estudio “Retos y oportunidades en materia laboral para 2023” señala que en la mayoría de los casos, las empresas no han tomado acciones para implementar las nuevas regulaciones o no han adoptado medidas de control para garantizar el cumplimiento.
Por ejemplo, el 50% de las empresas no ha comunicado a sus empleados sobre su derecho a la libertad de asociación. Además, el 53% de los centros de trabajo carece de una estrategia para la revisión de los contratos colectivos, lo cual, aunque no sea obligatorio, representa un riesgo de negociaciones desproporcionadas que afecten los intereses de la compañía.
La reforma en materia de subcontratación no solo ha cambiado las reglas, sino que también ha fortalecido las sanciones. Las multas por no cumplir con las nuevas disposiciones alcanzan niveles sin precedentes, oscilando entre 207 480 y 5 millones 187 000 pesos.
Aunque los cambios regulatorios en el ámbito laboral hayan sido rápidos, los expertos enfatizan que la velocidad de dichos cambios no justifica el incumplimiento.
