Adán Augusto López Hernández declaró que la relación entre el Poder Ejecutivo y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se mantendrá “de carácter institucional”, lo que sugiere que se respetarán las competencias y decisiones de cada una sin interferencias indebidas.
Recientemente, la ministra Piña solicitó que se le confiera protección a las instalaciones de la Suprema Corte, con elementos de la Guardia Nacional, por una marcha convocada por seguidores del presidente, que se realizará en esta semana. López dijo que la petición de Piña se hizo por “la vía oficial, institucional” a la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez.
La declaración de López Hernández se produce después de que el presidente López Obrador acusara a la presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña, de querer negociar para aplazar el tiempo en el que la Guardia Nacional debe regresar a la Secretaría de Seguridad.
La Corte decidió la semana pasada que el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional era inconstitucional y devolvió el mando a la cartera encabezada por Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad.
El secretario de Gobernación, uno de los principales operadores políticos de López Obrador, repitió varias veces la palabra “institucional” para explicar cómo se darían los contactos entre ambos poderes a partir de la molestia del presidente por el fallo sobre esa corporación, la principal apuesta de su política de seguridad.
Simpatizantes del presidente han convocado a un plantón frente a la sede del Poder Judicial en el centro de la Ciudad de México del 24 al 28 de abril, en una concentración de cinco días por parte de los partidarios de López Obrador. La Corte ha suspendido la reforma electoral de López Obrador y ha admitido a trámite varias impugnaciones de la oposición y organismos públicos autónomos.
