El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, abrogó la Ley sobre Delitos de Imprenta, vigente desde 1917 mediante un decreto. La nueva legislación busca reconocer plenamente la libertad de expresión e impresión.
La ley derogada permitía multas y arrestos por injurias contra el presidente, el Congreso, el Ejército y otras instituciones; el Congreso de la Unión tendrá 180 días para hacer las adecuaciones necesarias al marco jurídico.
Las sanciones que imponía la ley derogada incluían penas de prisión y multas económicas para aquellos que injuriaran a las instituciones mencionadas anteriormente. Por ejemplo, la sanción para quienes injuriaran al presidente de la república era de seis meses a un año y medio de prisión y una multa de cien a mil pesos.
La ley también prohibía la publicación de información sobre casos de delitos sexuales y de casos judiciales secretos, lo cual podría ser inconveniente en casos de violencia mediática contra familias y víctimas de violencia de género, discriminación y racismo, por lo que la regulación editorial en estas puntualidades quedaría en manos de los escritores y no de las autoridades.
La derogación de la Ley sobre Delitos de Imprenta busca garantizar el derecho a la libertad de expresión y de imprenta en México.
La nueva legislación busca promover la transparencia y el acceso a la información pública. La derogación de la ley permitirá que se puedan publicar y discutir temas relevantes para la sociedad sin el riesgo de sanciones.
